SAD amenazan por nueva Ley de Violencia en los Estadios: entradas más caras o partidos sin público

Por FutbolRebelde.org.- Los periódicos chilenos han hablado de clubes que se unen -con la venia y apoyo de la mafia supranacional llamada FIFA- contra el Estado chileno por la nueva Ley de Violencia en los Estadios, pero vamos a utilizar el concepto real, Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), porque es lo que son y como tales funcionan como un conglomerado de empresas, estilo la SOFOFA, y con la ANFP funcionando como protector de los derechos de los capitalistas dueños de los que alguna vez fueron nuestros clubes.
Esta vez las amenazas contra el Estado chileno no vienen de grupos anarquistas insurreccionalistas, como está en boga en la prensa, sino desde los más beligerantes y violentos a lo largo de la historia chilena, los empresarios del fútbol chileno. La razón, una ley que los obliga a hacerse responsables en caso de que ocurrieran hechos de violencia en los estadios o fuera de estos producto de un partido de fútbol organizado por alguna de las empresas que conforman la ANFP.

Las SAD consideran excesivas las exigencias que plantea el proyecto y, sobre todo, la ampliación de las responsabilidades y las multas que establecerá el nuevo cuerpo legal. En ese sentido, advierten que el alza de la inversión en los dispositivos de seguridad y el riesgo de verse enfrentados a pagar por los destrozos que provoquen sus aficionados podría obligarlos a traspasarles los costos a través del incremento en el valor de las entradas.
“Es probable que ocurra. Si la ley se aprueba como está, vamos a tener que tomar pólizas de seguro más altas. Hoy, una de ellas cuesta 40 mil dólares anuales, pero, con la nueva ley, podría llegar a los 100 mil dólares, pues habrá más riesgos que deberán estar cubiertos por la respectiva prima”, explica Alejandro Paul, gerente general de Blanco y Negro. 
En Unión Española SADP estiman que la opción de cerrar los estadios obedecerá a un factor económico. “No se trata de salir a la calle, pero el fútbol debe unirse en torno a la ANFP y defender su postura. Llegará un momento en que a un club le resultará  más barato jugar sin público que implementar el dispositivo de seguridad que exigiría recibir a los hinchas”, sostuvo  su gerente general, Johnny Ashwel.
El Consejo de Presidentes que se desarrolló el vienes pasado en la sede de la ANFP tuvo tres puntos en tabla a tratar, pero uno de ellos monopolizaba la preocupación de las SADP y del directorio que preside Sergio Jadue: los reparos a las modificaciones a la ley de Violencia en los Estadios, propuestas por la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados.
Una hora después de concluida la reunión, la ANFP emitió una declaración pública. En el comunicado, leído por su secretario ejecutivo, Oscar Fuentes, las instituciones ratificaron su intención de colaborar en el combate de los delitos vinculados al fútbol, pero insistieron en las críticas a los cambios en la ley que propusieron los parlamentarios. 
Reiteraron, además, el riesgo de exponerse a sanciones de organismos como FIFA y Conmebol y calificaron como “sancionatorio, intervencionista y ambiguo” el proyecto. El texto fue aprobado por unanimidad, un concepto que varios de los asistentes repitieron al dejar Quilín.
Las SAD plantearon una unidad granítica en torno a la mesa que preside Sergio Jadue, la que ahora podrá adoptar las medidas que estime sin volver a consultar al consejo.  Se oponen a la normativa y a la urgencia en su tramitación, pero descartan ejercer medidas de presión, como una eventual paralización del fútbol. 
Por otra parte, antes del Consejo, en Quilín recibieron un informe jurídico de Conmebol que advierte del riesgo de sanciones ante la intromisión estatal en materias del fútbol. El escrito, firmado por el secretario general de la Confederación, José Luis Meiszner, sostiene que la facultad que tendrían los intendentes para suspender un partido o para fijar los horarios contraviene la normativa internacional. La comunicación será exhibida por Sergio Jadue a la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara Baja en la sesión del lunes.
Como vemos las estructuras de la FIFA (Conmebol) y la ANFP, reivindican nuevamente el estar por sobre materias estatales y de gobierno, de alguna forma se mandan solos y amenazan al Estado con perdidas de eventos de fútbol -como la Copa América-, paralizaciones o aumentos en los valores de las entradas. Olvidan que el mismo Estado los subvenciona con construcciones de infraestructura -como los estadios- y la postulación a proyectos con fondos estatales, que luego les beneficiarán económicamente al no tener que invertir en dichos aspectos. El negocio es redondo, pero es una muestra más de que el Estado es una estructura de clase al servicio de los más ricos, y que en lugar de garantizar el derecho al deporte y la recreación de nuestro pueblo, le da más valor agregado al tomar medidas que elitizarán aún más el negociado en que convirtieron a nuestro fútbol y a nuestros clubes.

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