Un accidente que ha conmocionado a la sociedad turca y al mundo entero se produjo el pasado martes en una mina de carbón situada cerca de la localidad de Soma, en el oeste de Turquía, a unos 500 kilómetros de Estambul. Aunque las causas exactas siguen sin conocerse, el origen pudo estar en la explosión de un transformador eléctrico que desató un incendio. La mayoría de las muertes (302, según el último cómputo oficial, dado a conocer el viernes) se produjeron por inhalación de monóxido de carbono.
El siniestro también ha reabierto la brecha que separa al Gobierno del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, de una importante parte de la población, que culpa de la tragedia a las autoridades por no exigir unas condiciones de trabajo seguras en las minas. Protestas en favor de los trabajadores en diversas partes del país y represión por parte del gobierno han marcado las jornadas durante estos días en Turquía.
Por futbolrebelde.org.- Al menos seis mineros murieron el pasado lunes, intoxicados por un escape de gas grisú registrado en el Pozo Emilio del Valle, en el municipio de Pola de Gordón, localidad perteneciente a la Junta de Castilla y León. Además, otros cinco trabajadores padecieron síntomas de intoxicación y fueron hospitalizados. Dos de ellos resultaron afectados cuando acudieron a socorrer a sus compañeros atrapados. La prensa ha catalogado este hecho como la tragedia más grave ocurrida en la minería del Estado español en los últimos 18 años.
Ante la muerte de los trabajadores, diversos sindicatos convocaron a una huelga general de todo el sector minero, ya que según informan, los trabajadores fallecidos pertenecían a una empresa subcontratista de la Hullera Vasco Leonesa. Además, afirman que se da la circunstancia de que “habían retomado la actividad en este pozo hace pocos meses tras un largo parón provocado por la decisión del Gobierno de suspender las ayudas al sector de la extracción del carbón”. En agosto de 2012, sus cerca de 400 trabajadores retomaron la actividad tras la huelga que mantuvieron durante 67 días en protesta por los recortes sociales y un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).